Ni Jácome acosa funcionarios ni Netanyahu masacra Palestina

"Nos encontramos ante un acto de acoso pues siendo el alcalde el jefe de personal, y el que tiene que proteger a la trabajadora de los riesgos que supone el acoso, resulta que, por el mero hecho de formular una denuncia, la critica e insinúa que la acosadora es ella”. Aunque la sentencia contra el Concello de Ourense por acoso a la jefa de Policía Local señala en numerosas ocasiones a Jácome (el parágrafo anterior es solo a una de ellas), hoy toca decir que Jácome no la acosó, como sí hizo con otros funcionarios. Del mismo modo, hoy deberíamos admitir que ni Netanyahu masacró Palestina ni Hitler aniquiló a millones de judíos (entiéndase esto como un símil). No fue Jácome, fue el Concello, señoría. No es Netanyahu, es el Estado de Israel. No fue Hitler, fue el nazismo. ¿Se imaginan al presidente israelí pidiendo la rectificación a los medios que le atribuyen los bombardeos en Gaza? No, claro, no es ni de lejos tan ladino como el alcalde de Ourense.

Pues resulta que a Jácome, ese político que se niega por sistema a responder con su versión a los periodistas, la Justicia (entendiendo la Justicia como un concepto genérico integrado por juezas y jueces y afortunadamente no todos iguales) le concede un derecho de rectificación en la prensa que él ningunea. El colmo del absurdo es que, además, se le permite elegir el lenguaje que deben utilizar los medios cuando de él tratan. El caso es que, faltaría más, no queda otra que acatar la decisión judicial, por mucho que entendamos que, seguramente sin intención de la magistrada firmante, esta resolución ataque los pilares del periodismo, las razonables licencias del lenguaje de la profesión, la mismísima libertad de expresión y la obligación de los periodistas de poner el acento donde nunca nadie acentúa.

Lo de menos es que los jueces, tan proclives en los últimos años a entrometerse en política, hayan decidido meterse a lingüistas capaces regular las metáforas, los símiles y las metonimias. Lo preocupante es que la Justicia de Ourense (con honrosas excepciones) se comporta como la RAJ, la Real Academia Jacomiana. Impone las reglas de comunicación y el lenguaje que dicta un alcalde investido de aquella autoridad que blandían los gobernadores civiles del viejo régimen. Y como es él quien determina las pautas, los jueces no consideran delito que el alcalde atribuya en sus redes a un empresario y padre de familia el consumo de coca, porque lo afirma en condicional (ojito a la pirueta lingüistica) pero no consienten que se diga que él ha sido condenado por el acoso a la jefa de Policía. El condenado es el Concello, cuidado, y el Concello, se entiende, no es nadie. Cuando se trata de este alcalde, en el Pazo de Xustiza no se consienten ni metáforas ni metonimias, ni el todo por la parte ni la parte por el todo; la norma es siempre de parte de Jácome. Y eso que Ucha, como consta en la sentencia condenatoria por el acoso de la discordia, se lo explicó con meridiana claridad a la jefa de la Policía (sic): “María tienes que entender la jerarquía, tienes saber que en la pirámide está el Alcalde, después yo y a continuación tú. Si lo entiendes todo irá bien”. En la Audiencia, se ve que hay alguien que no entiende una (disculpen sus señorías de la RAJ la grosera hipérbole) de pirámides y otras geometrías pero en cuestión de letras se comporta como presidente de la RAE.

No ocurrió así con la jueza de primera instancia. En un ejercicio perfecto del derecho en concurrencia con el sentido común, ella sí lo comprendió a la primera y dictaminó: “No cabe llevar a cabo ninguna rectificación pues el titular refleja la realidad de los hechos y es que el Concello es condenado y el representante del Concello es el Sr. Jacome como ocurre con los titulares en los que en vez del Gobierno de España se nombra solo a Sánchez, o a Rueda como presidente de la Xunta o a Putin en vez de a Rusia”.

Esta reflexión, tan cuerda como obvia, acabó siendo reinterpretada en otra instancia judicial, que al tiempo que legitima a Jácome para negar explicaciones a la prensa y le otorga derecho a rectificarla, interpretando el Concello como un ente abstracto donde el alcalde carece de responsabilidad.

No hace mucho, se hablaba en un artículo de opinión de la aparente bula judicial de la que goza un Jácome capaz de salir indemne de audios en los que confesaba la comisión de delitos, amén de otras denuncias en las que se le acusa de cobrar mordidas en los sueldos de empleados del Concello, entre otras canalladas. Hoy, visto lo visto, nos veríamos en la obligación de rectificar porque una bula, según la RAE, es un “documento pontificio relativo a materia de fe o de interés general, concesión de gracias o privilegios o asuntos judiciales o administrativos, expedido por la Cancillería Apostólica y autorizado por el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta roja”. Y eso, en el estricto acatamiento de la semántica, Jácome no lo tiene. Por ahora.