El fango de cierta política

Los delitos siempre son presuntos en el Estado de Derecho de cualquier democracia que se precie hasta que quedan probados. La filtración de datos personales del novio de Ayuso por parte del fiscal general imputa un delito de “revelación de secretos” que seguirá siendo presunto hasta que un tribunal se pronuncie. El caótico fango-relato del “pido perdón, auditoría interna, me he enterado hoy” del caracterizado Don Tristón sonó a Pinocho impostado tras la dimisión de Santos Cerdán y los pucheritos de enfado de Pedro, sobrepasado, sobreactuado y sobremaquillado. Y aunque el socialismo sea experto en doble rasero y niegue a los demás lo que para sí se procura, la presunción de inocencia es uno de los pilares de nuestro sistema sustentado en la debida separación de poderes que debe prevalecer en la democracia española, cada vez más aquejada de la desafección social debido al abuso de poder y el engaño de la política del fango, lo cual incluye como presunto al jefe de Cerdán, Ábalos y Leire Cloaca. No deja de ser una anomalía democrática nunca vista que el Tribunal Supremo procese a todo un fiscal del Estado, mientras Ferraz y Moncloa lo reducen a una conspiración de jueces y oposición como si las pruebas aportadas por la UCO fueran papel mojado prefabricado no probatorio.

El grado de cloaca al que ha llegado cierta política del fango siempre tiene culpables. Los tuvo en los gobiernos del PP, y paga por ello en los tribunales y en la dura travesía de la oposición. Y los tiene en los gobiernos del PSOE porque la responsabilidad política de los últimos 7 años recae directamente en Sánchez y sus socios, que cobardemente hacen la vista gorda cuando se sirvieron de la corrupción para echar a Rajoy con aquella moción de censura que ahora tanto les cuesta y que el tiempo demuestra una farsa de asalto al poder. El juez Hurtado del Supremo al que el propio ministro de Justicia critica por procesar al fiscal del borrado (de pruebas) establece que García Ortiz recibió “indicaciones de Presidencia del Gobierno”, lo que al ministro Bolaños le parece una “acusación grave sin ninguna base probatoria”. Si hay un presidente que no se entera de lo que hacen sus manos derechas, un fiscal a punto de sentarse en el banquillo y un ministro de la cosa que no respeta la independencia judicial, entonces debemos pensar que nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho están en peligro. Esa insólita y contradictoria interpretación que el Gobierno hace de la labor de los jueces y de la presunción de inocencia con los casos del Fiscal, Begoña, Hermanísimo, Ábalos-Koldo-Cerdán, Hidrocarburos, la Ley del sólo si es si o la absolución de Dani Alves revela una concepción autocrática de la democracia y una tremenda tara que sitúa al Poder Ejecutivo por encima del Legislativo y del Judicial. Es decir, puro chavismo bolivariano y caudillista incompatible con las democracias occidentales, también expresado en el apaño constitucional de la amnistía que Europa considera “autoamnistía” para lograr la investidura de Sánchez, que también es corrupción.

Esa insólita y contradictoria interpretación que el Gobierno hace de la labor de los jueces y de la presunción de inocencia con los casos del Fiscal, Begoña, Hermanísimo, Ábalos-Koldo-Cerdán, Hidrocarburos, la Ley del sólo si es si o la absolución de Dani Alves revela una concepción autocrática de la democracia y una tremenda tara que sitúa al Poder Ejecutivo por encima del Legislativo y del Judicial.

España sufre una crisis de identidad democrática repleta de abusos de poder e injusticias, donde se favorece a minorías, se criminaliza a las mayorías, se fomenta la desigualdad, se tapa la corrupción, se priva a los ciudadanos de la legítima alternancia y se pervierten las garantías constitucionales mediante la okupación calculada de parcelas de poder para ocultar las miserias y vergüenzas de un régimen en plena decadencia moral y ética. Impedir que los españoles se pronuncien en las urnas como clama una mayoría social no representada ni reconocida en el malicioso CIS de Tezanos con el que generar el relato político falso, hasta el Supremo habla de “relato”, es tan contaminante y perverso como decir que Sánchez ganó las elecciones generales de 2023 cuando en verdad las perdió. Y lejos de permitir que los españoles voten ante esta grave sucesión de irregularidades democráticas y casos de corrupción, el sanchismo se atrinchera en el poder, el inmovilismo y la negación de la evidencia tras maquillar la realidad electoral con esa mayoría chantajista tóxica de compra-venta de investiduras que ignora presunta financiación ilegal.

Al electorado español le empieza a quedar claro que las mentiras del insomnio se han transformado en una usurpación del poder bajo negación irresponsable de la realidad y la verdad. Ahora todos sabemos que cuando Pedro se preguntó aquello “¿de quién depende la fiscalía?” ya tenía un plan premeditado de dominio e ingeniería social; un plan mediático e institucional destinado a impedir la transparencia y la alternancia para perpetuarse con impunidad en el poder, como hizo en su bulo-rueda de prensa fake en Ferraz. En su mejor comparecencia desde que es líder de la oposición, Feijóo dejó en evidencia a Sánchez y a sus socios encubridores abriendo la expectativa de un cambio inevitable. El grado de deterioro al que está abocada la democracia española sólo tiene la salida de un adelanto electoral que acabe con la agonía del sanchismo peligrosamente herido, acorralado, huidizo y opaco. “Auditoría externa”, dijo Pedro. Para troncharse, como cuando dijo en su momento: “Pues eso”.