El guisante bajo el colchón

En 2012, en pleno resacón de los excesos financieros e inmobiliarios explosionados en 2008, Europa ahogaba la supervivencia financiera de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Utilizaban, para simplificar y ponernos en nuestro lugar, el acrónimo PIGS -cerdos-. Era la época de Schauble, el inquebrantable ministro de finanzas alemán imbuido de la ética protestante, y de Varoufakis, el idealista colega griego empeñado en humanizar al insaciable Minotauro. El norte se enfundaba el disfraz de la laboriosa hormiga y nos dejaban, claro, el papel de la hedonista cigarra.

En España gobernaba Rajoy y Montoro regía las finanzas. Corresponde a este último, precisamente en 2012, la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA del que tanto hablamos estos días. Gracias a él, al fondo, las comunidades autónomas, todas salvo Madrid, encontraron quien les prestara el dinero para atender el gasto público: la educación, la sanidad y los servicios sociales. Dicen, voces quizá interesadas, como la de la actual consejera de Economía de la Generalitat catalana, que fue el mismo Montoro -consciente más que nadie de la excepcionalidad de la situación y del instrumento ideado- quien recomendó a futuro una quita de esta deuda contraída por las comunidades. En Cataluña, que recurrió más que nadie a este salvavidas, no lo olvidaron, hasta el punto de convertirlo en moneda política de negociación.

Divídanla entre 49 millones de españoles y me dirán el sentido de tantas vestiduras rasgadas y teatrales plantes

En 2023 y acuciados por los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, pareció un buen momento para atender la para entonces vieja y ya abultada cuestión. Estos días la vicepresidenta Montero lo ha pasado a los papeles y ha provocado el revuelo, uno más, del gallinero. Como en tantas otras cuestiones, el tiempo acaba incorporando nuevos enfoques, argumentos matizados y a poner en su lugar a los más exaltados u obtusos. La quita a las CCAA será un hecho y se buscará la fórmula para no dejar damnificados. El cepillado final de la propuesta de ley que llegará al Congreso, evitará que ningún territorio pueda mostrar agravios.

El cálculo, un tanto ocioso, de a cuánto toca a cada gallego la mutualización de la deuda condonada será, o debiera serlo, cero. Se logrará, según el profesor Santiago Lago Peñas, con un pequeño incremento de la quita aplicada a la deuda gallega. En todo caso, es grotesco el gesto bombástico de algunos consejeros de Economía, incómodos con el guisante, apenas 220 euros de teórico incremento por habitante en nuestro caso que, en el peor e improbable caso, podría colarse bajo el colchón global de los 1,636 billones de la deuda pública española. Divídanla entre 49 millones de españoles y me dirán el sentido de tantas vestiduras rasgadas y teatrales plantes.