¿Qué pasa con los centros de datos?

Cada vez que enviamos un correo electrónico, hacemos una transferencia bancaria, guardamos una fotografía en la nube, vemos una serie en una plataforma, pedimos una cita médica, compramos un billete de tren o trabajamos desde casa, estamos usando un centro de datos. Aunque no los veamos, aunque no sepamos dónde están, aunque suenen a algo frío y lejano, los centros de procesamiento de datos son una de las infraestructuras básicas de la vida moderna.

Sin ellos no hay internet tal y como lo conocemos. No hay banca electrónica. No hay comercio online. No hay redes sociales. No hay teletrabajo. No hay inteligencia artificial. No hay nube. No hay administración digital. No hay pagos con tarjeta. No hay empresas operando en tiempo real. No hay hospitales, aeropuertos, aseguradoras, universidades on-line o pequeñas tiendas conectadas al mundo. No hay nada de eso que nos simplifica y facilita la vida.

Un centro de datos no es simplemente un almacén misterioso lleno de microelectrónica. Es la fábrica invisible donde se procesa, se guarda y se mueve la información que sostiene buena parte de nuestra economía. Antes, las sociedades avanzadas competían por tener puertos, carreteras, ferrocarriles o industria. Hoy también compiten por tener capacidad digital. Y esa capacidad digital tiene una base física muy concreta conformada por servidores, refrigeración, fibra óptica y electricidad.

Pero cuando aparecen empresas dispuestas a invertir miles de millones, consumir electricidad de forma estable y crear actividad económica alrededor de esa infraestructura, el Gobierno les coloca una carrera de obstáculos.

Por eso resulta tan grave que el Gobierno de España haya decidido mirar a los centros de datos como si fueran un problema. El proyecto de Real Decreto que pretende regular este sector es el enésimo ejemplo de ese intervencionismo económico tan trasnochado, que se presenta con ese lenguaje tan ambiguo de la regulación moderna, pero que esconde la muerte por inanición del sector que pretende regular. Es una señal política clara. Y una señal pésima. El Gobierno de España no quiere las infraestructuras que nos permiten competir en la economía digital.

Este comportamiento del Ejecutivo de Sánchez esconde, en realidad, la inoperancia de su propia gestión. Durante años se nos ha dicho que había que electrificar la economía, atraer inversión tecnológica, impulsar la inteligencia artificial, modernizar la industria y convertir España en un polo digital. Muy bien. Pero cuando aparecen empresas dispuestas a invertir miles de millones, consumir electricidad de forma estable y crear actividad económica alrededor de esa infraestructura, el Gobierno les coloca una carrera de obstáculos.

¿Y por qué? Porque la gestión de este Gobierno en materia energética es tan nefasta que la red eléctrica se ha convertido en un cuello de botella insalvable. Desde Moncloa se han ocupado únicamente de instalar energías renovables, sin preocuparse de desarrollar al mismo ritmo la red eléctrica, la demanda eléctrica, el almacenamiento y la electrificación real de la economía. Para que nos entendamos, es como si se hubieran preocupado de fabricar millones y millones de coches, pero no hubieran hecho carreteras. El resultado es ridículo, en muchas horas del año sobra electricidad renovable, los precios se hunden, se producen vertidos y los productores solares ingresan mucho menos de lo previsto.

La prueba es que la propia industria solar ha pedido auxilio. La patronal sectorial, UNEF, ha reclamado créditos ICO por una cantidad cercana a los 950 millones para proyectos con dificultades para pagar sus deudas. Es decir, tenemos productores solares en apuros porque falta demanda y red capaz de absorber la electricidad en condiciones razonables y, al mismo tiempo, el Gobierno dificulta la entrada de grandes consumidores eléctricos como los centros de datos. Es difícil diseñar una política más incoherente.

Aquí es donde entra el Real Decreto, a intentar tapar la chapuza energética de todos estos años. El texto pretende imponer criterios técnicos que son una aberración técnica. Por ejemplo, pretenden que un centro de datos funcione únicamente cuando haya energías renovables disponibles. Una instalación industrial que funciona más de 8.000 horas al año tiene que operar, por obra y gracia del BOE, utilizando energía solar que únicamente funciona 1.600 horas al año.

Un centro de datos no puede funcionar solo cuando hay sol o viento. La banca electrónica no puede esperar a que sople el nordeste. Los mercados financieros, las multinacionales, las plataformas logísticas o el entretenimiento no pueden apagarse porque el burócrata haya decidido que a esa hora no hay suficientes renovables.

El parche para tratar de cumplir con los caprichos del legislador consiste en sobredimensionar de forma absurda el parque de generación renovable (que ya está sobredimensionado actualmente) e instalar una cantidad inasumible de almacenamiento energético. La conclusión es que la única forma de cumplir con los requisitos regulatorios consiste en hacer inversiones multimillonarias y pagar una electricidad desorbitadamente cara. No es más que selección burocrática de ganadores y perdedores. Perderemos nosotros y ganarán nuestros países vecinos, que se llevarán las inversiones que aquí estamos ahuyentando.

Lo que España necesita es exactamente lo contrario. Necesita más red eléctrica, más inversión, más demanda productiva, más seguridad jurídica y menos desconfianza hacia quien crea riqueza. Si la red está saturada, refuércese la red. Si el monopolio de Red Eléctrica no es capaz de cumplir con sus cometidos, abramos la inversión a terceros y liberalicemos parte de ese negocio cautivo en manos de un Estado incapaz de hacer lo que debe.

Lo que no puede hacerse es convertir a los centros de datos en culpables de una planificación energética fallida y en chivos expiatorios de una dejadez institucional palmaria. Sin centros de datos no hay economía digital. Y sin economía digital no hay progreso.