Pedro Sánchez, la crisis de la vivienda y las mentiras del bombero pirómano

Todo sucedió con la rapidez del rayo. En la mañana del 23 de septiembre, se consumaba el desahucio de Maricarmen Abascal y esa misma tarde se producía la primera movilización popular en Madrid, que derivaría en una acampada en la Puerta del Sol en la tarde del sábado 26 de septiembre. Maricarmen no es la primera víctima de desahucio en nuestro país. Hubo una media de 45 diarios en lo que va de 2026, que no es el peor de los últimos años en desalojos forzosos. En los siete anteriores, desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2025, se ejecutaron 241.800 desahucios. Son 241.800 dramas familiares en los que se manifiesta que no se ha podido garantizar el derecho a la vivienda a más de un cuarto de millón de familias. Porque lo cierto es que todos esos desahucios se ajustan a la legalidad, han sido avalados por jueces y responden a la aplicación de la legislación vigente, aprobada en 2023 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que hoy, en un ejercicio de bombero pirómano, se rasga las vestiduras por un problema que se ha agigantado durante sus ocho años al frente del Ejecutivo. El mismo que proclamó a los cuatro vientos en 2015: “No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista”. Y matizó en 2019: “Con un gobierno socialista no habrá más desahucios sin alternativa habitacional”. Una mentira tras otra convierten a quien las pronuncia en un mentiroso. Por tanto, la pregunta es: ¿cómo es posible que partidos que se definen como progresistas y defensores de los más vulnerables, y que llevan ocho años de gobierno, no solo no hayan frenado la crisis de la vivienda, sino que durante su mandato se ha visto empeorada hasta el hartazgo de la ciudadanía?

Hay quienes conjeturan que el poco interés de Pedro Sánchez por la vivienda se debe a que más del 80 por ciento de los votantes socialistas son propietarios, no inquilinos y la mayoría de ellos tienen ya la vivienda pagada, sin cargas hipotecarias. Especulaciones aparte, lo cierto es que ahora, una vez más, intenta erigirse en la solución de una crisis forjada a su sombra. Como el gran prestidigitador que es, improvisa en pocas horas dos decretos para intentar dar satisfacción a los acampados en la Puerta del Sol. Dichos decretos aprobados en el pasado Consejo de Ministros y tumbados el viernes en el pleno del Congreso de los Diputados, no eran la solución, sino un intento de capitalizar la movilización social y el desahucio de la anciana madrileña al bautizarlos como “decretos Maricarmen”. Dos decretos oportunistas, y al tiempo contraproducentes, con los que convertir el problema de la vivienda en una gran cortina de humo que borre de la mente de la opinión pública crisis como la de Ceuta o los numerosos asuntos judiciales que asedian al presidente y al PSOE.

Derogados ambos, el frente populista que gobierna España pretende ahora llevar más allá esa instrumentalización del dolor y la frustración de los jóvenes y no tan jóvenes que protagonizan las protestas en las calles para convertirlos en otro 15-M con el que rescatar a partidos de la izquierda hundidos por la decepción de sus votantes y las peleas entre sus líderes y a un gobierno secuestrado y ahora noqueado por sus propios disparates, que cree poder rentabilizar ese movimiento en un eventual adelanto electoral.

Resulta entre paradójico y grotesco que los partidos que gobiernan España desde hace ocho años y medio no se sientan aludidos ni mínimamente criticados por el clamor que pide una solución a una crisis que se viene fraguando desde hace tiempo, se ha acentuado en los últimos años y a la que Sánchez y sus ministros no le prestaron la más mínima atención, más allá de anuncios al viento en los que se prometía la construcción de miles de viviendas, que nadie ha visto nunca. En realidad, estaban más ocupados centrados en perpetuarse en el poder, redactando leyes como la de Amnistía, tratando de controlar los medios de comunicación, intentando sentar sindicalistas en los consejos de administración de las empresas o arremetiendo contra los jueces, culpándolos de los casos de corrupción que se gestaban en su entorno.

La solución no está, desde luego, en dos decretos, ni la puede dar un presidente preocupado únicamente por resistir atrincherado en La Moncloa

Sánchez y su gobierno olvidan que en el problema de la vivienda hay dos elementos: los propietarios y los inquilinos. La demagogia con la que se aborda la cuestión se fundamenta en el dato, falso por otra parte, de que la mayoría están en manos de fondos buitre cuando la realidad es que más del 90 por ciento de los arrendadores de nuestro país son propietarios de una o dos viviendas, la mayoría de ellos jubilados que complementan así una pensión generalmente no muy alta. Si observamos lo que sucede en Ourense, como en buena parte de Galicia, un número importante de quienes alquilan sus viviendas las adquirieron a base de ahorros logrados con gran esfuerzo, muchos de ellos en la emigración. No son fondos buitre, son ciudadanos con un patrimonio conquistado dentro un marco legal regulado no por ellos sino por los sucesivos gobiernos. Y si las ven en riesgo, es fácil prever que desviarán las viviendas a otras actividades: alojamientos turísticos, viviendas temporales o simplemente los retirararán del mercado, como ya ha ocurrido en los días previos al intento de aprobación de los efectistas decretos. La consecuencia, en definitiva, sería menos alquileres en el mercado y consecuentemente más caros.

La respuesta popular al caso de Maricarmen ha logrado que sus arrendadores le hayan devuelto la casa en unas condiciones que cualquiera querría para sí en un Madrid donde vivir se ha convertido en un lujo. Pero es una ingenuidad pensar que la movilización espoleada paradójicamente por los partidos que gobiernan vaya a resolver el problema de fondo de un plumazo. Es ingenuo para quienes participan en ella hartos de dejarse el sueldo en alquileres, y tremendamente perverso para esa izquierda que instrumentaliza a Maricarmen y a los jóvenes sin posibilidad de emanciparse para su subsistencia política.

La realidad es que si en julio de 2018, Pedro Sánchez y sus socios hubieran afrontado el problema estructural, hubiera tenido tiempo de promover la construcción de millones de viviendas: sociales, de protección oficial, viviendas libres, edificios para alquiler libre y social… Si en 2006 se construyeron 665.000 viviendas en un solo año, ¿por qué ahora hay un déficit de un millón de viviendas en España? La solución no está, desde luego, en dos decretos, ni la puede dar un presidente preocupado únicamente por resistir atrincherado en La Moncloa.