La pobreza estructural transforma los terremotos en catástrofes humanitarias

Nos despertamos con el sobresalto y el pellizco emocional de un nuevo terremoto (además doble) en Venezuela. En el momento que estoy escribiendo, el número de víctimas se limita a “cientos”, pero vistos los daños no se descarta que esta cifra acabe siendo mucho mayor. Las pérdidas personales, con terremotos tan seguidos, con un epicentro a unos 180 km de Caracas y con una profundidad de unos 13 km, son casi inevitables ya que es prácticamente imposible seguir protocolos de sistemas de alerta temprana (por otra parte, inexistentes en Venezuela). Venezuela sí que monitoriza el estado sísmico a nivel nacional, pero no cuenta con un sistema de alerta temprana sísmica de cobertura nacional para avisar a la población segundos antes de un terremoto. Cada terremoto es distinto, y sus características pueden cambiar de forma drástica las consecuencias tanto en las infraestructuras como en las personas. Pero lo que los ingenieros llamamos “condiciones de contorno”, también influyen, y casi de forma más determinante que las características del terremoto, sobre las consecuencias del mismo. Y hablamos de normativas de construcción, implementación de una formación y cultura de reacción frente al seísmo de la población, tipos de terreno, geología de la zona… Algunas de estas condiciones no dependen de políticas de estado frente a los terremotos (las que tienen que ver con la geología, por ejemplo), pero otras, sí que son responsabilidad de quienes nos gobiernan, especialmente en áreas donde se sabe que hay una posibilidad certera y elevada de que se produzcan seísmos.

Pero lo que los ingenieros llamamos “condiciones de contorno”, también influyen, y casi de forma más determinante que las características del terremoto, sobre las consecuencias del mismo. Y hablamos de normativas de construcción, implementación de una formación y cultura de reacción frente al seísmo de la población, tipos de terreno, geología de la zona…

Siempre, después de una desgracia como la de Venezuela, en la opinión pública se abren debates acerca de la prevención de estos desastres. ¿Por qué un terremoto en Japón, la costa oeste de EEUU o Chile, normalmente ocasiona pérdidas que se cuantifican de “decenas o centenas” de víctimas, cuando terremotos similares en Haití, Marruecos o Indonesia provocan “miles o cientos de miles” de fallecidos? Pues más allá de los problemas que imponga la naturaleza, la respuesta hay que buscarla en la densidad de población, la falta de infraestructuras adecuadas a los terremotos y un sistema robusto de alerta temprana combinado con una vigilancia permanente de estado sísmico. Hay países donde han ocurrido desgracias provocadas por seísmos de cientos de miles de víctimas, donde, además de una masificación de la población, no existe ni existía ninguna de estas cosas. Y está claro que cuanto más acusada es la pobreza estructural de un país, mayor puede ser la catástrofe humanitaria.

Las diferencias hacen que las consecuencias se multipliquen por varios ordenes de magnitud

Posiblemente Japón y Chile representan la vanguardia global en la mitigación del riesgo sísmico. Ambos países están en el Cinturón de Fuego del Pacífico y han integrado el riesgo de los terremotos en su identidad jurídica y arquitectónica. Algo parecido ocurre en la costa oeste de Estados Unidos (donde además se espera “el Big One”). Tras el terremoto de Kobe en 1995 (conocido oficialmente como el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, con más de 6000 fallecidos), Japón perfeccionó sus leyes de edificación, implementando de manera obligatoria varios niveles de protección, incluyendo el aislamiento de las bases de los edificios. Rascacielos y hospitales flotan, literalmente, sobre elastómeros y rodamientos de acero, independizando el movimiento de la tierra del de la superestructura. Chile, por su parte, impulsó normativa específica y adaptada a su realidad económica, priorizando el uso masivo de muros de corte de hormigón armado. Estos gruesos bloques de hormigón absorben las fuerzas cortantes horizontales, impidiendo el desplazamiento lateral de los edificios. Pero el éxito de estos modelos no solo estriba en las medidas tecnológicas, sino en la fortaleza de sus instituciones para hacer cumplir la ley. En Chile, por ejemplo, la legislación establece una responsabilidad penal y civil de diez años para el ingeniero responsable y la empresa constructora que firman los planos de una obra. Si una estructura colapsa debido a deficiencias materiales o fraude en el diseño, los responsables se enfrentan a penas de prisión efectivas. Esta rigurosa fiscalización erradica la corrupción en la cadena de suministro de la construcción, garantizando que el hormigón, el acero y el resto de materiales, cumplan con los estándares exigidos. Además, Japón posee el sistema de Alerta Temprana de Terremotos (EEW) más sofisticado del mundo (el país se paraliza de forma casi automática en cuestión de segundos) y en Chile, el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) cumple una función similar, pudiendo coordinar evacuaciones masivas en minutos. En China, después del terremoto de Sichuan de 2008 (70.000 muertos) se reforzó tanto la legislación vinculada a la construcción antisísmica como el sistema de monitoreo y alerta.

Por el contrario, en países pobres y con legislaciones poco fiables, no existen normas específicas de construcción, sistemas de aseguramiento de la calidad de los materiales, en algunos casos destaca la ausencia total de seguimiento del estado sísmico y, por supuesto, ningún sistema de alerta temprana implementado. Las diferencias hacen que las consecuencias se multipliquen por varios órdenes de magnitud.

Como en tantas cosas, el PIB del país en el que vives, te puede salvar la vida en el caso de un terremoto.