Votar sí, claro… pero no llega sólo con eso

Las próximas elecciones no decidirán únicamente quién ocupará el Gobierno de España. A mi juicio, decidirán algo bastante más importante: si España es capaz de iniciar una verdadera regeneración institucional o si continuamos por el camino de deterioro de la separación de poderes que hemos vivido durante los últimos años.

Lo digo desde una convicción adquirida tras muchos años de ejercicio profesional y de contacto directo con las instituciones: cuando los ciudadanos dejan de confiar en ellas, la democracia empieza a enfermar. Y recuperar esa confianza no se consigue con discursos, sino garantizando que quienes ejercen funciones públicas lo hagan con independencia, profesionalidad y sometimiento exclusivo a la ley.

Una de las críticas más reiteradas y justificadas al actual Gobierno del PSOE ha sido su voluntad de extender su influencia sobre instituciones que deberían permanecer al margen de la lucha partidista. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CIS, RTVE, el CNI, empresas públicas y organismos reguladores han sido percibidos por una parte importante de la sociedad como espacios donde la afinidad política ha suplido la independencia y la profesionalidad.

No pretendo valorar aquí cada nombramiento. Lo preocupante es la percepción que se ha instalado en gran parte de la ciudadanía. Porque, acertada o equivocada en cada caso, esa percepción tiene consecuencias reales: erosiona la autoridad de las instituciones y alimenta la sospecha de que el Estado ha dejado de ser de todos para convertirse en patrimonio de quienes gobiernan.

Y aquí está, para mí, la cuestión esencial: la solución no puede consistir en sustituir una colonización por otra

Esta reflexión coincide, además, con lo manifestado por Alberto Núñez Feijóo en la entrevista publicada recientemente en El Mundo, al plantear la necesidad de abrir una nueva etapa y recuperar la normalidad institucional. Puedo compartir esa necesidad sin conceder a ningún partido un cheque en blanco. Precisamente porque la regeneración institucional debe estar por encima de cualquier sigla.

Y aquí está, para mí, la cuestión esencial: la solución no puede consistir en sustituir una colonización por otra. Sería un enorme error que un futuro Gobierno cayese en la misma tentación que ahora se critica: cambiar a los ocupantes y mantener intacto el sistema. España no necesita nuevos propietarios del Estado. Necesita recuperar la idea de que el Estado no pertenece al Gobierno, sino a los ciudadanos.

Los órganos constitucionales e independientes deben contar con procedimientos de designación transparentes, amplios consensos parlamentarios y criterios objetivos de mérito, capacidad, independencia y trayectoria profesional. Sus mandatos deben estar protegidos frente a los cambios de Gobierno y sometidos a un verdadero escrutinio público. No basta con cambiar nombres. Hay que cambiar las reglas y, sobre todo, una cultura política demasiado acostumbrada a considerar normal lo que en una democracia madura debería resultar escandaloso.

Por eso creo que las próximas elecciones deberían servir también para decidir qué modelo institucional queremos

He defendido siempre que la independencia de las instituciones no puede ser una bandera que se utilice contra el adversario y se abandone cuando gobiernan los propios. La independencia judicial debe defenderse siempre. La Fiscalía debe actuar con arreglo a la ley, no al interés del Gobierno de turno. Los organismos reguladores deben regular sin instrucciones políticas y los medios públicos estar al servicio de los ciudadanos, no del poder. Porque votar cada cuatro años es imprescindible, pero no suficiente. La democracia consiste también en que quien gana las elecciones encuentre instituciones capaces de decirle que no cuando la ley o el interés general así lo exijan. Ahí está la diferencia entre un verdadero Estado de derecho y uno sometido al Gobierno.

Por eso creo que las próximas elecciones deberían servir también para decidir qué modelo institucional queremos. No se trata simplemente de sustituir unas siglas por otras, sino de decidir si aceptamos un Estado en el que cada Gobierno coloca a los suyos o queremos instituciones profesionales, independientes y suficientemente fuertes para controlar al poder, incluso cuando ese poder lo ejercen quienes nosotros mismos hemos votado.

La verdadera regeneración democrática comenzará el día en que ningún partido considere normal convertir un organismo público en una prolongación de su aparato político. El día en que un juez pueda resolver sin pensar quién gobierna, un fiscal pueda actuar sin preguntarse a quién incomoda, un regulador pueda sancionar sin calcular las consecuencias políticas y un periodista de un medio público pueda informar sin mirar hacia el despacho desde el que podrían llegar instrucciones. Ese día los ciudadanos empezarán a recuperar algo que hemos ido perdiendo: la confianza en que las instituciones son nuestras y no de quienes las ocupan temporalmente.

Porque España no necesita otro Gobierno que se apropie del Estado. Necesita gobernantes con la grandeza de entender que el Estado no les pertenece y con la voluntad de devolverlo, con todas sus instituciones, a los españoles.