El Gobierno elude explicar la situación de Martiño Ramos

Las explicaciones del Gobierno central sobre la extradición de Martiño Ramos Soto, el ourensano condenado por abusos y violación continuada a una menor, han encendido la polémica política en Ourense. El Partido Popular acusa al Ejecutivo de “silencio y opacidad política” tras una respuesta oficial que considera insuficiente y evasiva ante un caso de estas características.

Ramos, exprofesor de música en Ourense, fue condenado a 13 años y medio de prisión, con sentencia firme ratificada por el Tribunal Supremo. Pese a ello, logró huir de España antes de ingresar en prisión, utilizando su propio pasaporte y recorriendo varios países hasta llegar a Cuba, donde fue detenido. Para el PP, este episodio evidencia “el fracaso de todos los sistemas de control del Estado”, especialmente por tratarse de delitos “de extrema gravedad” cometidos contra una menor.

Ante estos hechos, senadores populares registraron una batería de preguntas para conocer qué gestiones diplomáticas estaba realizando el Ministerio de Asuntos Exteriores, qué dificultades podían estar retrasando la extradición y qué garantías existían para evitar una nueva fuga mientras el condenado permanece bajo custodia en Cuba. Sin embargo, la respuesta del Gobierno se reduce a una sola frase: “Se ha cumplido en tiempo y forma con la tramitación de la solicitud de extradición por los canales oficiales correspondientes”.

Para el PP de Ourense, esa contestación es “inaceptable” y no responde a ninguna de las cuestiones planteadas. Lamentan que el Ejecutivo “no explica qué ha fallado, qué se está haciendo, ni aclara si existen obstáculos legales, políticos o administrativos” con las autoridades cubanas. Tampoco detalla “qué mecanismos está utilizando el Gobierno para agilizar la entrega” ni ofrece ninguna garantía sobre la custodia del condenado ni sobre la prevención de una nueva fuga.

Los populares sostienen que el Gobierno se limita a “parapetarse tras una fórmula burocrática vacía”. A su juicio, no hay rendición de cuentas por parte del Gobierno. Tampoco asunción de errores, ni un compromiso explícito para que el condenado cumpla íntegramente su pena en España.

Desde el PP insisten en que, ante un asunto de esta magnitud, el Ejecutivo ha optado por “el silencio administrativo y la opacidad política”. Subrayan que la sociedad ourensana, las víctimas y sus familias “merecen algo más que una frase genérica” y reclaman explicaciones claras sobre qué falló, quién es responsable y qué se está haciendo para que la justicia se cumpla sin más demoras ni excusas para que no se repita de nuevo.