La fiscalía de EEUU imputa a Maduro y su mujer también por tortura

Las imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, siguen aumentando. En su escrito de acusación, la fiscalía de Estados Unidos añade a las acusaciones de narcotráfico la de conspiración para cometer tortura en Venezuela, en el marco de "un sistema de represión" de la oposición política que incluso conllevó violencia contra más de una docena de ciudadanos norteamericanos.

La pareja —según el ministerio público— se situaba al frente de "una estructura de poder violenta" que, con el objetivo de perpetuarse en el poder y seguir acumulando ilícitamente "enormes riquezas", recurría a prácticas como las descargas eléctricas, la asfixia, la violación, el aislamiento o la tortura psicológica con sus prisioneros, cuando no directamente al asesinato.

De hecho, en el pliego de cargos figura que el entonces presidente de Venezuela llegó a aprobar "personalmente" el arresto ilegal y la tortura de personas concretas, y que su involucración era tal que incluso "sugería técnicas específicas" para forzar confesiones. "No los dejen dormir" o "échenles agua" son frases supuestamente pronunciadas por Maduro que demostrarían su implicación activa en los mecanismos de represión.

En los cimientos de la estructura que amparaba estas prácticas, prosigue la fiscalía, se hallan un poder judicial y unas fuerzas del orden totalmente controladas por el régimen heredero del chavismo, pero otros "grupos delictivos organizados", como organizaciones terroristas y bandas patrocinadas por el propio estado bolivariano también han tenido un importante papel en la violencia contra los disidentes del país caribeño.

Estas acusaciones se suman a los ya presentados contra el anterior mandatario venezolano y su esposa, que fueron capturados por militares estadounidenses en su casa en Caracas, y conducidos por la fuerza ante la justicia en Nueva York. De hecho, llevan en una prisión federal desde el pasado mes de enero, acusados de ser parte de una trama que introducía droga en Estados Unidos, y su juicio está fijado para junio del año próximo.

Hasta ahora, tanto Flores como Maduro han negado todas las acusaciones y han denunciado que su detención es ilegal. La anterior primera dama, además, comparecerá hoy ante el tribunal para pedir su libertad condicional a causa de sus problemas cardíacos. Sostiene que la prisión no es el lugar adecuado para recuperarse de una cirugía de corazón, y pide aguardar el juicio bajo arresto domiciliario en territorio estadounidense.

¿Colaboración?

El incremento de las acusaciones se produce menos de un mes después de que Alex Saab, el exministro y empresario considerado testaferro de Nicolás Maduro, también detenido en Estados Unidos, cambiase su primera declaración y optase por declararse culpable de blanqueo de capitales y transacciones financieras ilícitas. El acuerdo con la fiscalía que motivó el cambio de versión hizo crecer las especulaciones sobre la existencia de un pacto para testificar o aportar pruebas en contra del exdirigente venezolano.

A este colombiano de origen libanés se le relaciona con un esquema de fraude de millones de dólares en el programa venezolano de alimentos subsidiados, conocido como CLAP. Según la fiscalía estadounidense, a través de empresas pantalla y facturas falsas desvió cientos de millones de dólares destinados a la compra de comida, y posteriormente amplió la trama al petróleo de la compañía estatal PDVSA.

Su detención tuvo lugar en Venezuela. Apenas un mes después de la captura de Maduro, con el país controlado desde Washington, Saab fue detenido por el servicio bolivariano de inteligencia en Caracas y, tres meses más tarde, el gobierno de Delcy Rodríguez lo entregó a Estados Unidos para que lo juzgase.