La selectividad: un problema complejo con solución (que no es el examen único)

El sistema de acceso a la universidad en España (por la vía del Bachillerato que es la más común) debiera fundamentarse en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Diversos estudios e informes de organismos como la Fundación COTEC y la OCDE han analizado cómo el origen socioeconómico condiciona el éxito en las pruebas de acceso a la universidad en España, existiendo una clara correlación entre la nota de acceso y el nivel socioeconómico, lo que hace a la prueba, per se, poco igualitaria. Diversas circunstancias, como por ejemplo la peculiaridad de nuestro sistema autonómico, junto con el hecho de que existe un distrito único que permite que cualquier estudiante pueda acceder a cualquier universidad con la nota suficiente, incide en la falta de equidad. Pero, además, que no se garantice el premio del mérito y la capacidad. Y de esto último, la culpable es la PAU (prueba de acceso a la universidad).

Para entender el problema hay que intentar entender cómo es el proceso. Una vez superado el bachillerato, para entrar en una universidad pública, hay que superar dos etapas: el acceso y la admisión. La fase de acceso está compuesta por cuatro exámenes (Lengua, Historia/Filosofía, Idioma y una Materia “de Modalidad”, dependiendo del tipo de bachillerato), cuya calificación se obtiene mediante la media aritmética de las pruebas realizadas. Esta es la llamada PAU. Para que esta nota pueda incorporarse al cálculo de la nota de acceso a la universidad, debe ser igual o superior a 4 puntos. La nota de acceso se calcula mediante la media ponderada entre el 60% de la calificación final de bachillerato y el 40% de la nota obtenida en la fase de acceso. Cuando el resultado final es igual o superior a 5 puntos, el estudiante obtiene, con validez indefinida, el acceso a los estudios de Grado en las universidades españolas.

Como vemos, casi hay que estudiar un master para entender este proceso, que a veces permite a los más pícaros sacar partido de este galimatías. Pese a que se está haciendo un gran esfuerzo por armonizar en toda España el tipo de examen (en 2025 la conferencia de rectores -CRUE- creó un grupo de trabajo de armonización del acceso y la admisión), en cada comunidad autónoma el examen es distinto, hecho por profesores distintos, que corrigen con criterios de severidad distintoS...

Pero eso no nos garantiza acceder a la universidad, especialmente si queremos estudiar una determinada carrera que sea muy demandada. Desde el año 2010 y, supuestamente, para mejorar la discriminación en la entrada a la universidad, en la PAU se incluyó una segunda fase de admisión, voluntaria (pero sin la cual es prácticamente imposible ser admitido en ningún sitio, vamos, obligatorio), basada en la mejora con los resultados de exámenes vinculados a asignaturas “afines” a determinadas titulaciones. Esta parte “voluntaria” puede constar de 3 asignaturas (o 4 si una de ellas es una segunda lengua extranjera). El estudiante las elije en función de las ponderaciones que tienen en los Grados a los que pretende acceder. La finalidad es mejorar la nota hasta en 4 puntos. La nota se calculará considerando las dos mejores calificaciones (siempre igual o mayores que 5) de entre las examinadas en esta fase de admisión y la “de modalidad” (uno de los exámenes obligatorios de la fase de acceso) y con una ponderación que depende de las tablas de ponderación que elabora cada universidad pública. El máximo de esta nota es 4 puntos, dando un total de 14 para el conjunto acceso+admisión. 

De la habilidad que tenga un estudiante a la hora de elegir estas asignaturas, dependerá muchas veces su posibilidad de entrar en una determinada titulación. La “nota de corte”, último paso en el proceso se determina por la oferta y la demanda de una titulación, definiéndose como la nota que tiene el último estudiante que entra en ese mercadillo.

Pero el examen único también es un disparate: es prácticamente imposible que se pongan de acuerdo 17 comunidades autónomas en el contenido de ese examen (que sería un mínimo común denominador de 17 temarios que difieren entre sí, a veces, más de un 50%) y habría que hacerlo a través de comisiones infinitas...

Como vemos, casi hay que estudiar un mÁster para entender este proceso, que a veces permite a los más pícaros sacar partido de este galimatías. Pese a que se está haciendo un gran esfuerzo por armonizar en toda España el tipo de examen (en 2025 la conferencia de rectores -CRUE- creó un grupo de trabajo de armonización del acceso y la admisión), en cada comunidad autónoma el examen es distinto, hecho por profesores distintos, que corrigen con criterios de severidad distintos… Incluso en el caso de mismos temarios, el tipo de pregunta puede variar desde la pura descripción de un tema hasta la necesidad de hacer complejas deducciones. Todo esto nos lleva a una realidad espantosa y que atenta contra la igualdad de oportunidades: hay estudiantes de determinadas comunidades autónomas, que tienen un dopaje casi de medio punto respecto a otras. Y esto es determinante para acceder a determinadas carreras. Por eso muchos políticos poco informados, claman por “un examen único” a nivel estatal. Pero el examen único también es un disparate: es prácticamente imposible que se pongan de acuerdo 17 comunidades autónomas en el contenido de ese examen (que sería un mínimo común denominador de 17 temarios que difieren entre sí, a veces, más de un 50%) y habría que hacerlo a través de comisiones infinitas, y siendo casi imposible evitar filtraciones para que, al final, la corrección se haga en cada comunidad autónoma manteniendo los sesgos. Como hacer un pan con tortas.

Pero es que la parte obligatoria de la PAU es el 40% de los primeros 10 puntos. El 60% de esos 10 puntos es la nota de bachillerato, que dentro de cada comunidad autónoma también puede tener un dopaje de medio punto dependiendo del instituto o colegio. ¿Y qué decir de los 4 puntos del examen voluntario para la admisión? Más de lo mismo, dopajes varios dependiendo de la autonomía y picaresca regional con la oferta de asignaturas para el examen. Esta nota solo dura tres años, pero el estudiante se examina en su comunidad y “se la lleva” allí donde se postule para ser admitido. Otro dislate: se supone que cada sistema universitario decide lo que es aparentemente conveniente para su sistema, pero cualquier alumno de otro sistema podrá pasar por encima con otros criterios. Está claro que el examen único queda muy bonito de defender, pero es prácticamente imposible llevarlo a la práctica con garantías.

En la actualidad, con el sistema que tenemos puede haber un estudiante con un “dopaje” de medio punto por el perfil de su colegio y otro tanto por el nivel de su comunidad, que sea imbatible a la hora de elegir carrera frente a estudiantes de otra comunidad donde exista más rigor a la hora de corregir.

¿Qué solución tiene esto? En mi opinión, la calificación por percentiles. Asignando un percentil a cada porcentaje de notas dentro de una banda de la campana de gauss de la totalidad de notas de un grupo. Cuantos más percentiles (hoy eso es posible), más justicia se hará. Este sistema lo han defendido recientemente en un artículo en El PaÍs tres profesores muy cualificados (“Tres profesores diseñan una reforma sencilla para hacer más justa la Selectividad”, Ignacio Zafra, El PaÍs, 28/04/26). Estando muy de acuerdo con los planteamientos de este artículo, en mi opinión, lo justo sería que el mismo sistema de percentiles se aplicara también a las notas de bachillerado. Igual que existe el “dopaje” por comunidades, es claramente existente entre centros de bachillerado (en término medio es más positivo en centros privados que en centros públicos). Por tanto, si elimináramos el sesgo en la PAU, pero no lo hiciéramos en el bachillerato, seguiría habiendo estudiantes con su nota dopada en cantidades similares a las que existen por comunidades autónomas. En la actualidad, con el sistema que tenemos puede haber un estudiante con un “dopaje” de medio punto por el perfil de su colegio y otro tanto por el nivel de su comunidad, que sea imbatible a la hora de elegir carrera frente a estudiantes de otra comunidad donde exista más rigor a la hora de corregir.

Más allá de la complejidad técnica, que hoy en día se minimiza con la inteligencia artificial, implementar la evaluación por percentiles permitiría un reparto de la admisión al sistema público mucho más equitativo. Sin embargo, mientras que la aplicación de percentiles al conjunto de estudiantes de una comunidad autónoma, en principio nunca perjudicaría a los mejores estudiantes de esa comunidad, aplicarlos “por colegio” si pudiera tener un perjuicio claro sobre los mejores estudiantes. En centros de alto rendimiento, se concentran alumnos con capacidades muy superiores a la media y aplicar percentiles dentro de estos grupos sería injusto: un alumno con conocimientos brillantes podría acabar con un percentil mediocre simplemente porque sus compañeros son "genios". Para evitar esto habría que aplicar los percentiles a escala autonómica para que los alumnos de los mejores colegios sigan obteniendo percentiles altos si sus notas son realmente excelentes a nivel regional y evitaría que comunidades autónomas enteras se beneficien de un sistema de calificación artificialmente elevado.

La meritocracia real solo será posible cuando un 10 o un 14 en la PAU signifique lo mismo en todas las CCAA, y un diez en bachillerato signifique lo mismo en una escuela rural apartada de la capital de provincia, un instituto de un barrio deprimido o un colegio de los llamados de élite.

La arquitectura actual de la admisión a las carreras en centros públicos en España ha dejado de ser un sistema de evaluación para convertirse en un sistema de arbitraje de desigualdades. El "dopaje" (bien territorial por la laxitud de los exámenes, bien por las notas hinchadas de algunos bachilleratos) ha disminuido considerablemente el nivel de equidad del sistema. El sistema de percentiles, aunque técnicamente complejo (y posiblemente políticamente incómodo), creo que es la herramienta más eficaz para restaurar la justicia distributiva.

La implementación de percentiles tendría que hacerse desde las administraciones autonómicas (incluyendo todas las notas, tanto de la PAU como del bachillerato). Técnicamente es complejo (cada día que pasa menos), pero posible. Los gobiernos regionales estarían obligados a competir en calidad educativa y no en aumentar las notas bajando el nivel de los exámenes, y a los centros de bachillerato a competir en excelencia docente y no en generosidad calificativa. Mientras el sistema siga premiando el número bruto por encima de la capacidad relativa, la selectividad seguirá siendo, más que una prueba de madurez, una prueba de picaresca institucional. La meritocracia real solo será posible cuando un 10 o un 14 en la PAU signifique lo mismo en todas las CCAA, y un diez en bachillerato signifique lo mismo en una escuela rural apartada de la capital de provincia, un instituto de un barrio deprimido o un colegio de los llamados de élite.

Es posible, y si no se realiza es por pereza administrativa o por cobardía política, y los ciudadanos “de a pie” solo nos acordamos de la selectividad cuando se examinan nuestros hijos.

(José Manuel Torralba es profesor emérito de la UC3M y miembro de la Real Academia de Ingeniería. Ha sido Director General de Universidades de la CM).