La batalla contra la nueva discoteca llegará al TSXG

Los vecinos han decidido elevar su batalla legal contra la nueva discoteca ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Tras el reciente auto judicial que denegó el cierre cautelar de la sala Desorden -local que históricamente albergó Dayamon, Fifties o Suite- en la calle Valle Inclán de la ciudad, los afectados consideran indispensable insistir en la paralización de la actividad. Alegan que se está causando un “daño irreparable” bajo el amparo de lo que califican como una “manifiesta ilegalidad” administrativa permitida por el Concello.

“No podemos aceptar que el juzgado argumente que esta instalación ha pasado por el filtro de control municipal. Únicamente ha pasado por el embudo del Servicio de Licencias, caracterizado siempre por su actuación abiertamente discriminatoria, según sea el peticionario”, apuntan desde la comunidad de propietarios.

Los residentes sustentan su recurso en informes de una entidad homologada que acreditan que el ruido supera ampliamente los límites normativos, provocando un “terrible daño psicológico” que impide conciliar el sueño y ha obligado a varios vecinos a recibir tratamiento médico. A la contaminación acústica nocturna, denuncian que, a las siete de la mañana, “los propios servicios municipales incumplen descaradamente la ordenanza” desplegando un “ejército” de barredoras y sopladores para evitar que la ciudadanía contemple “el triste espectáculo” de vasos rotos, orines y vómitos.

El vecindario carga contra el papel del Concello, denunciando una “connivencia patente” del Servicio de Licencias y un “engranaje a medida” para la empresa gestora. Los afectados señalan que se ha omitido el estudio acústico preceptivo porque, a su juicio, los técnicos “eran perfectamente conocedores de que, si lo exigían, sería imposible la apertura del establecimiento”. Además, cuestionan la imparcialidad de los futuros expedientes sancionadores, advirtiendo que volverán a ser informados por los mismos técnicos municipales que avalaron la licencia de apertura.

Por último, los vecinos alertan de un “incumplimiento clamoroso” en materia de seguridad. Aseguran que el control de evacuación se ha realizado bajo una normativa de 1982, lo que equivale exigir a Desorden “la misma seguridad exigible a la discoteca Alcalá 20”, en referencia a la trágica sala madrileña.

Frente al argumento del juzgado de que la responsabilidad civil ante una desgracia recaería en el Concello, los afectados concuerdan, pero replican que su objetivo es la prevención cautelar para evitar una catástrofe irreversible, y no esperar a lamentar víctimas