El PSOE recoge firmas para "presionar" al Supremo y que revoque la suspensión de la ley de nietos
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El gobierno de España ya cargó contra los magistrados, a los que tachó de "salvapatrias" al dictado de Aznar, mientras Pedro Sánchez subrayó que la decisión del alto tribunal es "muy grave"
El PSOE ha lanzado una recogida de firmas orientada a ejercer "presión" sobre el Tribunal Supremo a fin de que revoque la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados a través de la denominada ley de nietos.
Después de que el alto tribunal exigiese que se verifiquen los vínculos de los nuevos españoles con el exilio, ante el riesgo de que un censo electoral inflado pudiese alterar unas elecciones, y de que el gobierno de España, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, criticase la decisión judicial, ahora es el principal partido que sustenta el ejecutivo el que pasa a la acción.
En concreto, los del puño y la rosa han alertado a su militancia de que la decisión del alto tribunal supone "una amenaza real" a la democracia, por lo que llaman a "ejercer la presión necesaria para lograr la restitución inmediata" del derecho al voto de quienes obtuvieron el pasaporte español a través de la mencionada normativa "antes de que sea demasiado tarde".
A juicio de los socialistas, en la base de esta suspensión están "las maniobras de la extrema derecha y la derecha", a las que tildan de "herederas del franquismo", para convertir a los nuevos nacionalizados en "ciudadanos de segunda".
El Supremo decidió estimar parcialmente las solicitudes de Vox y la asociación Iustitia Europa y dejar en suspenso la incorporación al censo electoral de las más de 375.000 personas —una cifra que sigue aumentando al ritmo que se analizan las solicitudes presentadas— que han obtenido la nacionalidad en virtud de la ley de nietos hasta que se aclare si se ha seguido el procedimiento legalmente establecido.
Y es que una instrucción del ministerio de Justicia firmada por la hermana del ministro Óscar Puente eliminó la obligación de demostrar documentalmente la persecución por motivos políticos o ideológicos para obtener la condición de exiliado, asumiendo que las personas que salieron de España desde el inicio de la Guerra Civil y hasta dos décadas después lo hicieron por esta causa. Para el Supremo, de primeras, esa indicación "no parece ajustarse" a lo previsto en la ley.
Es una de las polémicas que salpica a ley de nietos, y se suma al informe de la oficina del censo en el que admite a la junta electoral que son los residentes en el exterior los que deciden en qué municipio se inscriben para votar sin que se requieran pruebas que determinen el arraigo.
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